Leer un fragmento de
Ciencia política

El origen de este trabajo es una invitación de mis compañeros del Departament de Ciència Política i Dret Públic, en la Universitat Autònoma de Barcelona. De nuestra experiencia compartida en la relativamente joven Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia surgió la propuesta de elaborar un texto de apoyo para sus estudiantes. Como punto de partida contaba con mi propia actividad docente, que acumula ya bastantes trienios. El texto deriva, pues, de esta actividad y de algunos criterios que la han orientado a lo largo de los años.

• Siempre ha sido propósito declarado de mi experiencia universitaria estimular a los estudiantes para que se dotaran de su propio código de interpretación de la política y para que fueran capaces de defenderlo con argumentos. Aunque se trate de un código elemental, lo decisivo es que cada uno elabore su propio esquema después de confrontar sus intuiciones con lo que han acumulado siglos de reflexión sobre la realidad política. Y es igualmente importante que este código personal pueda ser expuesto con claridad y con una razonable consistencia interna. Así pues, el texto que se presenta ha de ser considerado como un material auxiliar para esta imprescindible tarea individual, y no como un recetario cerrado.

• Un manual como este tiene por definición un carácter introductorio. Ello explica la relativa concisión de lo que expone y la selección indispensable de temas y referencias que se consideran imprescindibles para una comprensión aproximada de qué es la política contemporánea en este cambio de siglo. Está claro, pues, que la obra no está destinada a los colegas de quien la escribe ni a los estudiantes avanzados: ello explica la renuncia a tratamientos exhaustivos y a bibliografías extensivas. Su público potencial lo constituyen los alumnos de primer ciclo de las licenciaturas y diplomaturas que se ocupan de la política, ya sea como materia central (Ciencia Política y de la Administración, Gestión y Administración Pública), ya sea como ámbito del que no pueden prescindir cuando persiguen una comprensión cabal de diferentes relaciones sociales (Derecho, Sociología o Economía, entre otras). No descarto, sin embargo, que pueda ser útil también a quienes —como ciudadanos sin obligaciones académicas inmediatas— se sienten comprometidos con el destino de su comunidad y quieren contribuir a transformarla de acuerdo con sus ideales: sin un conocimiento aproximado del entramado político de la sociedad en que viven, poco efectivo será probablemente su empeño por influir en ella.

• Finalmente, y a diferencia de otros manuales disponibles que son el resultado de la aportación de un conjunto de especialistas, este texto es obra de una sola mano. Con ello se ha perseguido dotarlo de mayor unidad de concepto y de exposición, al precio inevitable de perder precisión y riqueza. Corresponderá al lector juzgar el resultado del atrevimiento del autor. Con todo, esta autoría individual no puede hacernos olvidar que la experiencia docente de la que el texto procede es por definición una aventura colectiva. La comparten quien tiene la función de enseñar y quienes se han propuesto aprender. Se beneficia de las reacciones constantes de los estudiantes y de las aportaciones de los colegas preocupados por mejorar el rendimiento de su tarea universitaria. Por esta razón, me siento deudor de comentarios y contribuciones de varios colegas de mi departamento de la Universitat Autònoma de Barcelona. De manera particular, he contado con el juicio estimulante y certero de Isidre Molas y con la asistencia inteligente y dedicada de Salvador Martí.

Como es de rigor, asumo la responsabilidad de un resultado final que no satisface del todo a su autor. Confío en que un texto que se ofrece como material de trabajo —y, por tanto, perfectible por definición— pueda recibir desde ahora las críticas necesarias para mejorarlo. A formularlas y a transmitirlas directamente al autor invito desde ahora a los lectores.

Josep M. Vallès
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Universitat Autònoma de Barcelona
Bellaterra, enero de 2000

Cómo hacer uso del texto

• El objetivo del texto es provocar en el lector una disposición activa y despertar su interés por ampliar los temas tratados. Se ofrecen —en recuadros intercalados— datos y ejemplos que puedan avivar ese interés, sin suministrarle una fórmula o una definición cerrada de los conceptos utilizados.

• En los anexos que siguen a cada una de las partes de la obra se presenta una relación de conceptos clave que el lector debe ser capaz de definir por su cuenta, junto con una serie de ejercicios para desarrollar, personalmente o en grupo. Dichos ejercicios han de permitir al lector contrastar la información recibida en el texto con los conocimientos procedentes de otras lecturas, del contacto con los medios de comunicación, de la discusión con los compañeros de trabajo o de estudio, etc. Al mismo tiempo, deben incitarle a exponer —verbalmente o por escrito— el razonamiento que ha de sustentar cualquier toma de posición sobre cuestiones controvertidas.

• Como material de apoyo se añade también una breve relación bibliográfica para cada una de las partes, limitada a obras publicadas en castellano. También se añaden algunas referencias a portales on-line, especialmente los que permiten obtener datos útiles y actualizados sobre política, economía y sociedad.

• La lectura regular de medios de comunicación de referencia nacional e internacional, ya sea on-line o en su formato tradicional, debiera ser complemento indispensable en la preparación de quien aspira a un mejor conocimiento y análisis de la realidad política y —en la medida de lo posible— a influir en ella.

• Finalmente, se recomienda leer —y releer de vez en cuando— los párrafos que introducen cada una de las partes de la obra, así como el contenido del índice general. Para comprender mejor cada uno de los temas es sumamente importante tener presente el mapa o cuadro en que se insertan: el índice general es precisamente este mapa o cuadro que da sentido a cada una de las etapas del recorrido.

Política: un término familiar y controvertido

Un intento de definición personal de la política

Es útil que el lector —en este momento y antes de seguir adelante— formule una definición propia de la política. Basta que redacte unas pocas líneas sobre ello y las conserve. Le será provechoso repetir este ejercicio, una vez que haya avanzado en la lectura y en el estudio de la materia, para poder comprobar si se mantiene fiel a su primera intuición o si la ha revisado como resultado de sus reflexiones ulteriores sobre la cuestión.

A cualquier ciudadano le resulta familiar el término política en comparación con términos de otros ámbitos del conocimiento humano: por ejemplo, son muy pocos los que se refieren con naturalidad a la heliantina, los quarks, la eritocitrosis, la metonimia o el valor añadido. En cambio, la política forma parte de nuestro lenguaje habitual: en las relaciones familiares, en las conversaciones de negocios, en las informaciones de los medios. Se aplica el término para describir la conducta de muchos actores: tienen su «política» los entrenadores de fútbol respecto de sus jugadores, las empresas respecto de sus competidores o de sus clientes, los estudiantes y los profesores —incluso padres e hijos— en sus relaciones mutuas, etc. Y se emplea también, como es natural, cuando tratamos de quienes dicen profesar la actividad política como tarea principal y aparecen de un modo u otro en el escenario público: los gobernantes de todos los niveles de la Administración (estatales, regionales, municipales), los funcionarios, los representantes de los grupos de interés, de los partidos, de los medios de comunicación, de las Iglesias, etc.

• Pero la familiaridad con la palabra no implica que quienes la usan la entiendan del mismo modo. Política es un término multívoco, dotado de sentidos diferentes según el ámbito y el momento en que se emplea. Basta consultar los diccionarios —o incluso los manuales de ciencia política— para darse cuenta de ello. Un buen ejercicio para comprobarlo consiste en solicitar a un grupo de personas que den su definición espontánea de lo que entienden por política: comprobaremos la diversidad de contenidos que le asignan.

• También abundan las referencias a la política en tono despectivo o receloso: suele asociarse a confusión, división, engaño, favoritismo, manipulación, imposición, corrupción. Por lo mismo, estar «al margen o por encima» de la política se considera un valor. «Politizar» una cuestión o tomar una decisión por «razones políticas» comporta generalmente un juicio condenatorio, incluso en boca de los mismos políticos o de otros actores públicos. La política, pues, no está libre de sospecha. Al contrario: carga de entrada con una nota negativa.

• Y, sin embargo, la política también es capaz de movilizar en un momento dado a grandes sectores de la ciudadanía, incluyendo a veces a los que —si se les pregunta sobre ella— la critican. Despierta emociones positivas y negativas con respecto a personajes, símbolos, banderas, himnos. Ha producido y produce movimientos de solidaridad y de cooperación humana. Y se asocia con frecuencia a conceptos valiosos que la gran mayoría afirma respetar: libertad, justicia, igualdad, paz, seguridad, bienestar, bien común.

Hemos de ocuparnos, pues, de la política a sabiendas de que se trata de un concepto de manejo incómodo: es de uso habitual, pero controvertido, incluso contradictorio y presuntamente responsable de muchos males. Con todo, si queremos seguir adelante, no podemos prescindir de construir nuestra propia idea de la política. Estamos obligados a tomar una opción inicial —de carácter provisional, si se quiere— que nos sirva de punto de arranque. A partir de aquí podremos ponerla a prueba, explorar paso a paso sus diferentes manifestaciones y analizar sus distintos componentes.

La política como gestión del conflicto social

Nuestra opción es considerar la política como una práctica o actividad colectiva que los miembros de una comunidad llevan a cabo. La finalidad de esta actividad es regular conflictos entre grupos. Y su resultado es la adopción de decisiones que obligan —por la fuerza, si es preciso— a los miembros de la comunidad. Desarrollemos algo más esta propuesta siguiendo el esquema propuesto en la figura I.1.1.

• El punto de partida de nuestro concepto de política es la existencia de conflictos sociales y de los intentos para avivarlos, sofocarlos o regularlos. La especie humana se presenta como una de las físicamente más desvalidas —¿la más desvalida?— entre los animales. En todas las etapas de su vida necesita de la comunidad para subsistir y desarrollarse. Con todo, estas mismas comunidades encierran discordias y antagonismos. Los titulares informativos nos hablan todos los días de desacuerdos y tensiones. Tienen alcance colectivo porque implican a grupos humanos numerosos, identificados por posiciones comunes. Las discrepancias pueden afectar, según los casos, al control de recursos materiales, al disfrute de beneficios y de derechos o a la defensa de ideas y valores. En más de una ocasión, la tensión o el antagonismo puede concernir simultáneamente a bienes materiales, a derechos legales o a creencias religiosas o filosóficas.

• ¿Qué explica esta presencia constante de desacuerdos sociales? ¿Por qué razón la armonía social aparece como una situación excepcional o utópica, cuando la vida en sociedad es una necesidad humana ineludible? El origen de los conflictos se sitúa en la existencia de diferencias sociales que se convierten a menudo en desigualdades. La distribución de recursos y oportunidades coloca a individuos y grupos en relaciones asimétricas. No todos los miembros de la comunidad tienen un acceso razonablemente equilibrado a la riqueza material, a la instrucción, a la capacidad de difusión de sus ideas, etc. No todos comparten de manera equitativa las obligaciones y las cargas, ya sean familiares, productivas, asistenciales, fiscales, etc. Tales desequilibrios entre individuos y grupos generan una diversidad de reacciones. Quienes creen disfrutar de situaciones más ventajosas se esfuerzan generalmente por asegurarlas y luchan por no perderlas. Por su parte, quienes se sienten más perjudicados aspiran por hacer realidad sus expectativas de mejora. O simplemente pugnan por sobrevivir y resistir en su misma condición de inferioridad, sin acabar totalmente marginados o aniquilados. Junto a unos y otros, también los hay que se empeñan en mantener o modificar las condiciones existentes, movidos por principios y valores y no por lo que personalmente se juegan en el asunto. Esta combinación de resistencias, expectativas, reivindicaciones y proyectos genera sentimientos de incertidumbre, de incomodidad o de peligro. De aquí la tensión que está presente en nuestras sociedades: afecta a muchas áreas de relación social y se expresa en versiones de diferente intensidad.

• En este marco de incertidumbre, la política aparece como una respuesta a los desacuerdos colectivos. Se confía a la política la regulación de la tensión social porque no parecen suficientemente eficaces otras posibilidades de tratarla, como podrían ser la fidelidad familiar, la cooperación amistosa o la transacción mercantil. Estos mecanismos de regulación social —ya sea para mantener el statu quo, ya sea para lograr un cierto cambio en la redistribución de posiciones y recursos— se basan, respectivamente, en los vínculos de sangre, la ayuda mutua o el intercambio económico. Cuando estos mecanismos no funcionan de manera satisfactoria para alguno de los actores empieza el ámbito de la política. ¿Qué distingue, pues, a la política respecto de otras vías de regulación del conflicto social? Lo que la caracteriza es el intento de resolver las diferencias mediante una decisión que obligará a todos los miembros de la comunidad. Es este carácter vinculante o forzoso de la decisión adoptada lo que la distingue de otros acuerdos que se adoptan en función de una relación de familia, de una amistad o de un intercambio económico.

• Esta decisión vinculante se ajusta a un conjunto de reglas o pautas. La combinación entre reglas y decisiones obligatorias aproxima la práctica política a determinadas formas de juego o de competición. Cuando en una partida de naipes, un encuentro deportivo o un concurso literario se producen momentos de desacuerdo, los participantes aceptan la aplicación obligatoria de un reglamento que han admitido de antemano. Sólo de este modo puede llegarse a un resultado final acatado por todos. Es cierto que pueden darse —y de hecho se dan— disputas sobre la misma elaboración del reglamento, sobre su interpretación y sobre los propios resultados de la competición. Pero nadie negará que, sin decisiones de obligado cumplimiento nacidas de unas reglas y sin algún tipo de árbitro que pueda resolver las disputas, no hay siquiera posibilidad de iniciar la partida o de llevarla a buen término.

Hemos aludido al cumplimiento obligado de las decisiones políticas. Este cumplimiento obligado presupone que la capacidad de imponerlas incluye el uso de la fuerza. Esta posibilidad de usar la fuerza física —o de la amenaza de recurrir a ella— es característica de la política frente a otras formas de control social. Veremos más adelante que no todas las acciones políticas integran alguna dosis de violencia. Pero no la excluyen: la tienen presente como recurso último al que acudir.

• Nos hemos referido a la «regulación» o «gestión» del conflicto, evitando aludir a su «solución». ¿Por qué motivo? El término solución evoca la idea de una salida satisfactoria para todos los implicados en la competición. Y parece claro que —incluso en las condiciones más favorables— es muy difícil conseguir esta satisfacción universal. De la acción política puede derivarse una alteración profunda de la situación anterior, lo cual no dejará muy convencidos a quienes antes disfrutaban de las mejores condiciones. En otras ocasiones, la política reequilibrará las posiciones con modificaciones que contarán con la aceptación —resignada o entusiasta, según los casos— de los diferentes afectados. Pero esta acción política puede desembocar también en una ratificación del statu quo anterior, dejando inalteradas —y, a veces, agudizadas— las sensaciones de agravio o de amenaza. En cierto modo el conflicto no desaparece, sino que —al igual que la energía— se transforma.

• Por tanto, la política no consigue a menudo «solucionar» los conflictos, aunque así lo prometan y lo proclamen algunos de sus protagonistas. Cuando se gestiona o se maneja una determinada disputa, lo que se procura es preservar —de buen grado o a la fuerza— una relativa cohesión social. Incluso la política autoritaria de los regímenes dictatoriales tiene como objetivo mantener un agregado social aunque basándose en el dominio despótico de unos pocos sobre todos los demás. En cierto modo, la política —como acción colectiva— busca reducir el riesgo de desintegración. Esta desintegración social se produce cuando —ante la existencia de conflictos sociales— cada grupo decide «tomarse la justicia por su mano» acudiendo por sistema a la venganza privada.

• La política puede contemplarse, pues, como un seguro colectivo que las comunidades asumen contra la amenaza —más o menos probable— de un derrumbe del edificio social. O, si se prefiere una visión más positiva, la política se convierte en la garantía de que persistirá la cohesión de este edificio porque las tensiones provocadas por desequilibrios y desigualdades internas serán reguladas de un modo lo bastante aceptable para el mayor número de los miembros del colectivo. Así pues, la acción política —la que hacen a un tiempo los ciudadanos de a pie y los protagonistas de la escena pública— no puede ser vista como inútil ni como disgregadora de una previa armonía social. Al contrario: en sociedades divididas por creencias, intereses y recursos —como son todas las que conoce la historia de la humanidad—, la política es ante todo constructora de sociedad. Dicho de otra manera: la política constituye la argamasa que cohesiona a los grupos, más allá de sus relaciones y diferencias familiares, afectivas, económicas, simbólicas, vecinales, etc.

Es muy probable que este agregado social —esta sociedad concreta— que la política contribuye a conservar no se ajuste al modelo ideal que algunos —o muchos— desearían. Lo que hay que preguntarse, entonces, es qué caminos ofrece la política —en otras palabras, si existen diferentes maneras de gestionar los conflictos— para modificar los equilibrios (o desequilibrios) sociales y alcanzar nuevos equilibrios que se acerquen más al modelo ideal de cada uno.

En la raíz del conflicto social

¿De dónde arrancan los conflictos que la política se ve obligada a gestionar? Ya hemos dicho que la diferencia —convertida en desigualdad— está en el origen de la política. Por esta razón puede ser considerada como la gestión de las desigualdades sociales. ¿Y de dónde proceden estas desigualdades?

• Se originan en el hecho de que no todos los miembros de una comunidad gozan de las mismas oportunidades para acceder a los recursos que facilitan el desarrollo máximo de sus capacidades personales. Esta diferencia de situación se expresa de múltiples modos:

• en el disfrute de habilidades y talentos considerados a veces —y no sin discusión— como «naturales»: inteligencia, capacidades físicas y psíquicas, sensibilidad artística, destreza manual, etc.;

• en los roles desempeñados en las funciones reproductiva y familiar según el género, la edad, el parentesco...;

• en la posición ocupada en la división social del trabajo productivo en la que los sujetos pueden desempeñar oficios o profesiones catalogados como «manuales» o como «intelectuales» y en las que asumen papeles de dirección o posiciones subalternas;

• en la capacidad de intervenir en las decisiones que se toman en los procesos culturales, económicos o de la comunicación;

• en el acceso a los recursos o a las rentas generados por la actividad económica (clases sociales) o al estatus o privilegios derivados del reconocimiento social (aristocracias de sangre, estamentos, castas, establishment...);

• en la adscripción a identidades simbólicas de carácter étnico, nacional o religioso, con todas las connotaciones culturales que comportan;

• en la ubicación en un territorio (centro-periferia, ámbito rural-ámbito urbano), que da lugar a un acceso diferenciado a recursos de todo tipo.

• Tales diferencias de situación marcan fracturas —cleavages o escisiones, dirán algunos autores— entre grupos, cada uno de los cuales comparte unas determinadas condiciones: sociales, de género, culturales, económicas, etc. De las relaciones asimétricas entre estos grupos nacen constantemente tensiones que pueden requerir un tratamiento político. Existen diferencias de situación o de convicción entre asalariados y empresarios, entre grandes sociedades y pequeñas empresas, entre generaciones de diferentes edades, entre grupos religiosos, entre distintas comunidades nacionales, entre los géneros, entre agricultores y ganaderos, entre países pobres y países ricos, etc.

• No importa sólo que las diferencias tengan un fundamento objetivo o cuantificable que pueda medirse en términos numéricos o monetarios: por ejemplo, la desigualdad entre patrimonios o rentas. También importa la percepción social de la diferencia. Es decir, que la sociedad atribuya valor o prestigio a determinadas situaciones, mientras que otras sean vistas como negativas o de menor valor: por ejemplo, el prestigio que la pertenencia a una u otra casta conlleva en una sociedad como la india. El valor o la falta de éste —el prestigio o el desprestigio— que la sociedad imputa a cada situación originan discrepancias y enfrentamientos porque quienes ocupan posiciones no valoradas no suelen conformarse con ellas y quienes disfrutan de posiciones de prestigio no quieren perderlas. Desde esta perspectiva, el origen de la política puede atribuirse también a una desigual distribución de valores en una determinada sociedad y a los intentos de corregirla (Easton).

• Entre las diferencias señaladas, ¿hay alguna que pueda considerarse como central y de la que dependen todas las demás? Algunas teorías sociales han optado a veces por seleccionar como primordial una de dichas diferencias: la división en clases sociales, la diferencia de géneros o la distinción entre élite y masa sería —según diferentes interpretaciones— la divisoria o fractura clave a partir de la cual se generarían todas las demás. Con todo, hay que admitir que la explicación válida en un contexto histórico puede dejar de serlo cuando dicho contexto se modifica: es posible que diferencias o fracturas de gran importancia en un momento dado se vean sustituidas por otras, siguiendo la evolución de las condiciones sociales y culturales.

Diferencias internas y externas: política doméstica y global

Completando las dos tablas que siguen, se comprobarán las diferencias existentes, tanto internas —dentro de una misma sociedad— como externas —entre sociedades—. La comparación entre un país avanzado —como España— y un país en vías de desarrollo —como Sierra Leona— nos revela todo tipo de desigualdades (cfr. tabla I.1.1). Por su parte, las diferencias de renta en el interior de un mismo país expresan desigualdades en el acceso a recursos de todo tipo: educación, salud, cultura, calidad de la vivienda, etc. Para obtener los datos, se sugiere recurrir a:

<https://​datos​.bancomundial​.org/​>

<>

¿Qué sugiere la información conseguida cuando se relaciona con la situación política de cada país?

Tabla I.1.1. Desigualdades sociales entre países

Tabla I.1.2. Desigualdades sociales en el interior de un país

Las fronteras variables de la política

Hemos señalado como punto de arranque provisional que la política es un modo de regular conflictos que hace uso de la obligación y de la coacción. Pero bastaría un repaso a las hemerotecas para comprobar que algunas situaciones conflictivas que hoy se tratan políticamente no lo han sido en el pasado. Y viceversa.

Hasta hace algo más de un siglo, por ejemplo, las condiciones de trabajo de los asalariados fueron consideradas como un asunto «privado» que no debía tratarse desde la política. La alteración del paisaje o la explotación de recursos naturales —cuando se industrializa o cuando se urbaniza— han sido durante años temas ajenos a la regulación política. El estatuto subordinado de la mujer en muchas esferas de la vida social fue admitido como el efecto inevitable de una condición biológica que la política no podía corregir.

En cambio, la infidelidad matrimonial o la homosexualidad fueron —y son todavía en algunos países— sancionadas con penas de prisión porque se estimaba que alteraban el orden social y merecían, por tanto, la intervención represiva de la autoridad política. Algunas convicciones religiosas o antirreligiosas han sido consideradas durante siglos como crimen de Estado y todavía no han dejado de serlo en determinadas sociedades contemporáneas. En ciertas comunidades, el uso público de las lenguas ha quedado en manos de la decisión individual de los ciudadanos; en otras, dicho uso ha sido regulado por normas políticas que distinguen el tratamiento de una o de varias lenguas oficiales con respecto a las demás.

Estos ejemplos muestran que las fronteras del espacio de la política evolucionan cuando tratan de regular conflictos producidos por diferencias humanas: de género, de raza, de condición laboral, de creencia, de cultura, de valores, etc. El ámbito de la política tiene, pues, contornos variables. Cambios en las tecnologías de la comunicación o de la reproducción humana plantean, por ejemplo, nuevas diferencias y tensiones sobre lo que se debe y lo que no se debe regular políticamente. ¿Hay que proteger la privacidad personal en las redes sociales? ¿Qué hacer con el pornotráfico en internet? ¿Cómo tratar la situación de las «madres de alquiler»? ¿Conviene regular políticamente estas situaciones o hay que dejar que las partes implicadas las acuerden en privado?

Las partes en conflicto defenderán la «politización» o la «despolitización» de sus discrepancias según consideren que esta intervención política —que lleva a decisiones vinculantes— puede favorecer o perjudicar sus propias pretensiones. Quienes se creen perjudicados denunciarán la politización como innecesaria. La reclamarán, en cambio, cuando les convenga. Las luchas sociales del capitalismo industrial del siglo xix son buena muestra de las contradicciones aparentes de algunos actores. Por ejemplo, mientras los empresarios resistían la intervención estatal en la fijación de salarios o de horarios laborales como una perturbación del orden económico, exigían simultáneamente la «politización» de la sindicación o de la huelga para convertirlas en delitos perseguibles por el Estado.

Puede decirse, por tanto, que las fronteras de la política se van alterando a lo largo de la historia de los pueblos. Y que esta alteración dependerá tanto de cambios técnicos y culturales como de la capacidad de los actores para someter —o para sustraer— sus disputas a esta gestión de carácter vinculante.

Las etapas de la politización

Esta modificación del ámbito político no ha seguido siempre la misma pauta. Pero, en un plano ideal, serían cuatro las etapas que pueden llevar a la politización de una diferencia social:

1. identificación de una distribución desigual de valores y recursos que es percibida como inconveniente o generadora de riesgo;

2. toma de conciencia por parte de los colectivos implicados y expresión de sus demandas, exigencias y propuestas para corregir la situación y controlar el riesgo que acarrea;

3. movilización de apoyos a las respectivas demandas y propuestas, con el objetivo de acumular todo tipo de recursos (conocimiento experto, difusión de información, dinero, organización, armas...) y de buscar el mayor número de aliados entre otros grupos y actores;

4. traslado del conflicto al escenario institucional a fin de reclamar la adopción de decisiones vinculantes para toda la comunidad. Estas decisiones, que pretenden modificar el desequilibrio anterior, deben contar con el respaldo de la coacción administrada por las instituciones políticas.

En cada una de estas etapas ideales —que a menudo se solapan— se reproducen las tensiones y los antagonismos, puesto que algunos actores colectivos pueden oponerse a la politización del conflicto. O, cuando tal politización es ya inevitable, pueden promover diferentes formas de hacerlo.

En algunos ejemplos recientes podemos reconstruir aproximadamente las etapas, los actores y los resultados obtenidos en procesos de politización a gran escala o de tipo «macro»: es el caso del movimiento feminista o del ecologista. El movimiento feminista aparece como promotor de un reequilibrio en la relación entre hombres y mujeres mediante la adopción de políticas obligatorias de igualación y de discriminación positiva. El movimiento ecologista surge como promotor de un reequilibrio entre quienes priman la explotación económica ilimitada de los recursos naturales y quienes denuncian y padecen los perjuicios sociales y ambientales producidos por estos excesos. De esta politización se derivan las decisiones medioambientales de obligado cumplimiento que algunos Estados van poniendo en marcha gradualmente.

Pero también pueden identificarse casos de politización o despolitización a escala menor o «micro». Por ejemplo, la politización de conflictos locales, cuando un grupo de vecinos toma conciencia sobre un déficit en los equipamientos de su pueblo o de su barrio en comparación con otros. O cuando los agricultores especializados en algún tipo de cultivo reivindican un tratamiento que les ponga en condiciones semejantes a las de sus competidores y los proteja frente al riesgo que estos competidores representan. O cuando los usuarios de autopistas de peaje trasladan a la escena pública su conciencia de desigualdad respecto de los usuarios de vías de libre circulación.

Por el contrario, la despenalización del adulterio, la privatización de la seguridad social y de determinados servicios públicos o una eventual aceptación del libre tráfico y consumo de drogas significan una reducción del ámbito de intervención política.

Así pues, a lo largo de la historia y también en el momento presente, identificamos situaciones que son objeto de politización o de despolitización. Cuando estas situaciones entran en el ámbito de la política, serán gestionadas mediante decisiones vinculantes que pretenden revisar la situación inicial, con el apoyo —si es necesario— de una coacción aceptada socialmente. En cambio, cuando las disputas dejan el ámbito de la política, tendrán que resolverse mediante un acuerdo voluntario entre las partes. O, si este acuerdo no se consigue, mediante la imposición de hecho de la parte más fuerte sobre las más débiles. La ausencia de política —en condiciones de desi­gualdad— permitirá jugar con ventaja a los grupos que ocupan las posiciones más favorables.

Nuevos conflictos, nuevos debates, nuevos equilibrios

Señalamos aquí algunas cuestiones que generan debate social en muchas comunidades sobre su posible tratamiento político.

• ¿Debe prohibirse la descarga gratuita de los contenidos disponibles en internet?

Sobre cada una de estas cuestiones, un análisis politológico debe plantearse algunas preguntas básicas:

La relación inseparable entre economía y política

¿Es posible tratar de la economía sin referirse a la política? Para algunos, la economía como actividad productiva es un mundo aparte y separado de la política. Desde la perspectiva del liberalismo radical, la creación de riqueza y su distribución deben mantenerse lo más lejos posible de las interferencias de la política porque basta la interacción libre entre intereses individuales para que se dé el resultado más favorable al conjunto de la comunidad. Sin embargo, la historia nos revela la interrelación estrecha entre formas de organización económica y estructuras y prácticas de la política: en los sistemas feudales, en los grandes imperios, en las monarquías absolutas. Tampoco se ha dado en la práctica la pretendida separación entre política y mercado que afirmó el liberalismo económico. Son instituciones sociopolíticas, como la protección de la propiedad privada, la seguridad en el comercio y el cumplimiento obligado de los contratos, las que acompañan a la aparición histórica de la economía capitalista y garantizan su continuidad.

Por esta razón y durante el siglo xix, se vio en la desigualdad de la propiedad del capital —la tierra, los bienes industriales o los capitales financieros— la raíz principal de los conflictos sociales y de la estructura política que intentaba controlarlos. El poder político se definió como un instrumento al servicio de los intereses de los propietarios. A partir de este análisis, las diferentes propuestas socialistas y anarquistas pronosticaban que la abolición de la propiedad privada de los medios de producción acabaría con las estructuras políticas porque el acuerdo libre y voluntario entre individuos y grupos bastaría para resolver sus diferencias. Una sociedad sin poder político —la «anarquía»— o la extinción gradual del Estado se convirtieron en los objetivos últimos del movimiento obrero internacional, que elaboró estrategias diferentes para conseguirlos. Sin embargo, la historia posterior no ha confirmado sus pronósticos. La dinámica inherente a una economía de mercado que tiende a convertirlo todo —la naturaleza y sus recursos, el trabajo humano, la seguridad— en objeto comerciable ha aumentado las desigualdades y ha acrecentado el riesgo de poner en peligro la cohesión social cuando no se somete a regulación política. Así lo demuestra la historia de las grandes crisis económicas y medioambientales, cuyas consecuencias han exigido y seguirán exigiendo reacciones políticas. No puede desarrollarse ni explicarse la actividad económica sin contar con la acción política que la sostiene.

Sociedades «sin política» e inteligencia artificial

¿Qué hay de inevitable en esta presencia de la política? ¿Se debe aceptar como un fenómeno ligado a la misma condición humana? O, por el contrario, ¿es imaginable una sociedad sin política?

Los antropólogos y los prehistoriadores nos hablan de sociedades «sin política» cuando describen la existencia de comunidades de tamaño reducido y vinculadas por lazos de parentesco en las que son compartidos los bienes necesarios para subsistir. En estos grupos, la generosidad mutua sustituye a la apropiación individual de los recursos básicos. Se trata, pues, de comunidades igualitarias. En ellas, la cooperación en la caza o en la recolección —de cuyos resultados todos participan— es la mejor protección que el individuo puede obtener frente a las amenazas de un entorno natural que le hace muy vulnerable. Dado lo elemental y lo simple de su organización y de sus necesidades, pueden «permitirse el lujo» de prescindir de estructuras políticas permanentes. Decisiones y sanciones son tomadas por la propia comunidad, porque no hay más desigualdades consolidadas que las derivadas del género o del parentesco. El rol de liderazgo que aparece en algunos grupos —el «consejo de ancianos», el «jefe de la tribu»— no equivale a una posición de superioridad o de dominio sobre los demás: su función se asemeja más a la de un portavoz de lo que la comunidad necesita y siente en cada momento, responsable de dar ejemplo de dedicación, espíritu de servicio al colectivo y ayuda mutua, que son las pautas de conducta en tales grupos. ¿Es justo que califiquemos a esas comunidades como «sociedades primitivas»?

Sin embargo, y como veremos más adelante, la historia nos enseña que las comunidades humanas se han hecho cada vez más complejas. La aparición de nuevos conocimientos, nuevas técnicas y nuevas formas de organización económica —por ejemplo, la aparición de la agricultura, la explotación colonial o la Revolución Industrial—, junto con la progresiva especialización del trabajo que conllevaban, fueron incrementando la diferenciación interna de las comunidades. Con esta diferenciación aumentó el riesgo de conflictos y la necesidad de resolverlos mediante el recurso a la política. Cómo se ha desarrollado la práctica política a lo largo de los siglos es el objeto de la ciencia política, tal como veremos en las páginas siguientes.

Más recientemente, se ha especulado con la influencia de la inteligencia artificial (IA) sobre la política. Según algunos, podría hacerla desaparecer porque las respuestas aportadas por la IA a los problemas políticos de hoy contarían con una calidad incomparablemente superior a la de las nacidas de la intervención político-burocrática. Son ciertamente previsibles contribuciones positivas de la IA en ámbitos sectoriales de la política. Pero hay que tener presente que la IA no debe ser considerada como un instrumento automático ajeno a la intervención humana y, por tanto, dotado de una completa neutralidad técnica que no se da en las decisiones políticas. Recordemos que en la creación de los algoritmos de la IA intervienen colectivos y personas con sus correspondientes escalas de valores y sesgos ideológicos. Lo mismo ocurre en la selección y gestión de los datos a los que se aplican. Además, algoritmos y datos son por ahora propiedad exclusiva de grandes empresas que operan sin transparencia y sin que la comunidad pueda controlarlas. Se produce, pues, una nueva y considerable desigualdad entre la posición de la ciudadanía común y la de quienes manejan la IA. Sólo la política puede corregir esta situación, sometiendo dichas empresas a un control democrático y desvelando los sesgos ideológicos que pueden influir en sus operaciones. Por ahora, pues, la práctica política sigue siendo inevitable.

¿Hay que descartar, por tanto, el retorno a una «sociedad sin política»? Tal vez pueda darse en el futuro una comunidad donde se hayan eliminado todas las diferencias que están en la raíz de tensiones y conflictos. Si tales diferencias desaparecieran, los conflictos se irían atenuando, el riesgo social disminuiría y la política se iría haciendo cada vez menos necesaria hasta su completa «evaporación». Así lo han sostenido algunos autores, de los que se han derivado propuestas —políticas, ciertamente— orientadas a este fin. Otros, en cambio, entienden que no es previsible una comunidad sin diferencias, sean las que hemos experimentado hasta el momento presente, sean nuevas diferencias todavía por aparecer. Para éstos, por tanto, persistirán las tensiones que hacen necesario el recurso a la política, aunque sea con formas y expresiones diversas de las que hemos conocido hasta hoy.